Algunas consideraciones en el primer aniversario de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI
Este año, la celebración del día para la Visibilidad Trans, el 31 de marzo, coincide en España con el primer aniversario de existencia de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI. La primera ley en España que incluye, aunque aun con restricciones en el caso de los menores de edad, la autodeterminación de género y la despatologización de la transexualidad. Una ley que, entre muchos otros derechos para todo el colectivo LGTBI, permite a las personas trans modificar su documentación para que refleje la realidad que ya viven. Y que permite, además, que el Estado respete de una vez las directrices de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, al no pedir para realizar el cambio registral un supuesto proceso diagnóstico sin fundamento científico que, en todo caso, solo contribuía a dañar la salud mental de las personas trans y a aumentar su riesgo de exclusión social.
Este derecho en concreto, de todos los que la ley establece, afecta únicamente a un colectivo marginalizado, a las personas trans, que representan un pequeño porcentaje de españoles y españolas cuya existencia no supone ningún impedimento en las vidas ajenas. Y, sin embargo, como siempre ha sucedido, la posibilidad de que las personas trans vivan con dignidad, y que el Estado no fomente su exclusión, resulta inasumible para ciertos sectores ideológicos minoritarios de la sociedad española y asturiana, a los que les gustaría que quienes siempre han sido perseguidos y maltratadas continuasen en la sombra, recluidas en la marginalidad, sobreviviendo como ciudadanos de segunda en un país que no las acepta.
Ese no es, por suerte, el país que tenemos: España es uno de los países con más aceptación hacia la población LGTBI a nivel mundial. Una realidad incómoda para quienes insistentemente pretenden fomentar la intolerancia, retratando a las personas trans como un peligro social, y sus derechos como un problema para el resto.
La Visibilidad Trans, a día de hoy, resulta más necesaria que nunca, después de la guerra mediática y política que se ha emprendido contra las personas trans, contra la dignidad de las personas reales que viven entre nosotras. Dado que la sociedad española aceptaba «demasiado» a las personas trans de carne y hueso, se las ha querido deshumanizar e invisibilizar, escondiéndolas detrás de una discusión abstracta y sensacionalista, en la que se pueda olvidar que hablamos de personas y de vidas reales, y no de conceptos que no sienten dolor, que no tienen familia, que no sufren acoso, que no necesitan encontrar un trabajo, que no merecen dignidad.
Las que fomentaban la deshumanización de las mujeres trans, acusándolas de «borrar a las mujeres» por el simple hecho de existir y aspirar a una vida digna, hoy dirigen el Consejo de Estado, ocupan importantes cargos de poder, siguen siendo profesoras de relevancia, tienen ingresos garantizados en su cuenta y charlas de verano que siguen alimentando su ego y su cartera… Presumiblemente, su situación no va a cambiar en los próximos meses ni años, ni con esta ley ni probablemente con ninguna. La supuesta amenaza que representaban las mujeres trans no era tal, aparentemente. Entre tanto, esta ley solo ha sido una pequeña ayuda para que las mujeres trans españolas puedan progresivamente salir de situaciones de exclusión y marginalidad. Y las señoras del «borrado de las mujeres», con su cuota de poder político, prestigio académico e impacto mediático, han ido perdiendo fuelle después de intentar poner a las mujeres cisfeministas, que mayoritariamente no gozan de sus privilegios, en contra de las mujeres trans, tratando de enfrentar a las penúltimas contra las últimas.
Tras este intento aparentemente fallido, aunque no inocuo, por manipular a la población española contra las personas trans, viene ahora el turno de la misoginia más descarada, la de la ultraderecha haciendo el ridículo para intoxicar el debate, realizando cambios registrales para intentar «demostrar» que la ley puede ser mal empleada por hombres con malas intenciones (concretamente, ellos mismos son las únicas personas con malas intenciones, y su profecía autocumplida no les deja en buen lugar). Parece que este afán por llamar la atención ha calado hondo entre un grupo de militares de Ceuta con pocas luces, lo que ha gustado mucho en algunos programas de televisión, que nunca se preocuparon de visibilizar los problemas reales las mujeres trans. Sin embargo, surgió el interés cuando aparecieron unos militares con nombre masculino, apariencia evidentemente masculina, que no parecen compartir ninguna experiencia con las mujeres trans españolas, y que con frecuencia incluso hablan de sí mismos en masculino singular (lo que a todas luces no parece un error puntual), que se morían de ganas por exponerse en televisión y tener sus 15 minutos de fama frente a unos periodistas que fingen no entender lo que está ocurriendo para alimentar el pseudodebate sensacionalista.
Esta pantomima, fomentada por periodistas sin escrúpulos e inflada en redes sociales por activistas de la misoginia que nunca se habían preocupado de absolutamente ningún derecho de las mujeres, no es más que un nuevo intento de retratar a las mujeres trans, sus derechos y su dignidad, como un peligro para el resto de la sociedad. Han aprendido que, para ello, hace falta ocultar a las propias mujeres trans, que la sociedad española ya sabe que no son ningún peligro, e hipervisibilizar en su lugar un espectáculo bochornoso. En todo caso, este paripé no pone en cuestión una ley, ni siquiera un artículo de la misma, sino al Registro Civil de Ceuta, a los superiores jerárquicos de estas personas en el Ejército, y la propia capacidad intelectual de quienes voluntariamente se posicionan como títeres de la intolerancia.
Berta Rozada y Ángeles Fal (vocal y presidenta de Llar Trans)
