Cuando se habla de las personas trans desde disciplinas como el derecho o el trabajo social, se nos cataloga recurrentemente como un colectivo vulnerable. «Las personas trans son vulnerables, están marginalizadas, tienen mayor riesgo de exclusión social», dicen, con esas palabras exactamente, las mayores autoridades en la materia. «Se vulneran sus derechos humanos», dicen los organismos internacionales de derechos humanos. Y lo ha dicho el Tribunal Constitucional el año pasado: Las personas trans son un colectivo vulnerable. Habla de personas “trans”, tiene claro quiénes son y cómo se nombran, pese a que el gobierno del Principado de Asturias se empecine en dudar de los términos y definiciones utilizados por el activismo trans, por las leyes trans autonómicas españolas, por las leyes trans de otros países, por la ley trans estatal, por los organismos internacionales de derechos humanos e incluso por el Tribunal Constitucional. Aparentemente piensan que todo el mundo es estúpido menos ellos. Nosotras, que no somos expertas sino afectadas, no hablamos de vulnerabilidad, sino en clave política, personal y material, de falta de derechos trans. Derechos sanitarios y derechos educativos, que son competencia del Principado de Asturias. Porque la especial vulnerabilidad de las personas trans asturianas no es otra cosa que las consecuencias del abandono de una parte de la población por parte del gobierno del Principado, y de la inoperancia de la Xunta Xeneral para legislar protegiéndola. Legislatura tras legislatura, los poderes ejecutivo y legislativo asturianos han sido incpaces de asumir que las leyes aprobadas en otras comunidades para paliar está vulnerabilidad eran necesarias, porque se necesitan cambios reales en ámbitos de competencia autonómica, que son su responsabilidad.
Comienza una nueva legislatura, llegamos a otro mes del orgullo sin una ley trans autonómica, y ya no quedan más excusas para la irresponsabilidad. Volvemos a decir, otro año más, lo mismo. Pero este año tenemos base legal para exigir además, y exigimos, las actuaciones urgentes que debe implementar nuestro gobierno autonómico, derivadas de la legislación estatal en material de diversidad de orientación sexual e identidad de género. Exigimos un compromiso de fecha para la puesta en marcha de todos los protocolos en general y muy especialmente, los sanitarios y educativos, que la Ley Trans y LGTBI estatal, aprobada en febrero de este año, exige a las CCAA. Porque ya es Ley, y es su obligación desarrollarla en dichos protocolos. Es una cuestión urgente, que afecta a vidas, y es su obligación. Cúmplanla.
Dice la susodicha sentencia del Tribunal Constitucional, de 2022 que la discriminación de las personas trans por su identidad de género vulnera los derechos fundamentales, y contempla la protección que deben tener dichas personas. Reconoce que «la identidad de género es una circunstancia que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, íntimamente vinculada al respeto de la dignidad humana», artículo 10.1 de la Constitución, y añade, «Este rasgo de la identidad cuando no se ajusta a parámetros hetero-normativos clásicos, es decir, allí donde identidad de género y sexo de la persona no son absolutamente coincidentes, puede hacer al individuo acreedor de una posición de desventaja social históricamente arraigada» prohibidas en el artículo 14 de la carta magna española. Su obligación es proteger a la ciudadanía vulnerable, protejanla, hagan la labor para la que fueron electos.
Se han quedado solos en su fantasía. han fallado en el desempeño de sus responsabilidades, y cuando hablamos de un cargo electo para gobernar y legislar, esto tiene consecuencias gravísimas para la población a la que les debe su cargo. Vulnerabilidad, marginación, exclusión social, son palabras que no definen a las personas trans asturianas sino a la acción en su contra por parte de su gobierno. Un gobierno que las hace vulnerables en las escuelas, las margina en la sanidad pública, las excluye de la sociedad que dice representar, tratándonos como un debate candente en el que no quieren mojarse, arrebatándoos nuestra humanidad para convertirnos en un asunto, y negándonos nuestra ciudadanía en igualdad de derechos. No hay nada más profundamente antidemocrático que abandonar a una parte de la ciudadanía asturiana, legislatura tras legislatura, tratando de convertirse en el ridículo reducto ultramontano de una ideología reaccionaria que agoniza. No hay mayor fracaso posible para un demócrata que anteponer sus miedos a las necesidades de la ciudadanía. No hay mayor vergüenza, para quien crea en lo público, que torpedear la labor de los y las profesionales de nuestras escuelas e institutos y de nuestros centros sanitarios, negándoles recursos, información y capacidad de ejercer su profesión de una forma ética y basada en la ciencia. Su política no es una ideología, es un fracaso que se materializa en vulnerabilidad, en acoso y abandono escolar, en la automedicación de buena parte de la población trans asturiana, en desempleo…
Se han quedado solos porque hay cada vez un número mayor de nuestros profesionales públicos, que por suerte no son suyos, sino de todos, que deciden día a día hacer la vida más fácil a las personas trans asturianas en nuestros centros sanitarios y educativos, desoyendoles en la medida de lo posible para poder ejercer su profesión de forma honesta, preguntándonos nuestras necesidades, y tratando de solventarlas, pese a las dificultades que les ponen. A ellos y ellas les deben también no sólo una disculpa, sino los recursos necesarios. Y se han quedado solos porque la sociedad asturiana va décadas por delante de ustedes, y cada vez más familias nos acogen y aman cuando sus instituciones nos deshumanizan y marginan. Desde Llar trans dar las gracias a todos esos profesionales y familiares que nos preguntan cómo pueden ayudar mientras las instituciones se tapan los oídos ante unas reclamaciones unánimes y claras. Y otro año más, gracias a todos los colectivos hermanos, de todo tipo, porque juntos tejemos alianzas buscando una sociedad asturiana mejor, sindicalistas, políticos, asociaciones juveniles, culturales, sociales, pro-derechos humanos y colectivos LGTBI, y especialmente a XEGA que lleva en este empeño décadas de lucha.
