Cuando se publique este artículo quizás tengamos ya una ley trans y LGTBI estatal. Y quizás no será la mejor de las leyes: en su tramitación, los derechos de las personas trans migrantes, menores, o no binarias, por mencionar varios ejemplos especialmente sangrantes, no han sido totalmente respetados como reclamábamos desde las asociaciones y colectivos trans, o desde los organismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, será un paso imprescindible e importante respecto a una situación que, legislativamente hablando, era ya absurda, por mantener en vigor la exigencia de un diagnóstico de una enfermedad que hace cuatro años que no existe para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y esta será la única garantía de derechos que tengamos en Asturias, ya que es más que probable que nuestro gobierno autonómico siga sin asumir sus responsabilidades.
La nueva ley estatal pone fin a la patologización legal trans en España, al eliminar la exigencia del diagnóstico y de ningún tipo de tratamiento, como exigía la ley de cambio registral de la mención al sexo de 2007, pero, además, instaura la autodeterminación como principio de reconocimiento de la identidad sexual, por encima de los juicios y dictados ajenos. Esta ley contribuirá a la normalización de la vida social de las personas trans, al facilitar el cambio registral de nombre y mención de sexo, y por ende de su documentación oficial, facilitando la integración y evitando la sobreexposición a la violencia. Pero otras garantías de igualdad y no discriminación deben abordarse a nivel autonómico. Asturias, junto con Castilla y León, son las únicas Comunidades Autónomas que no cuentan actualmente con legislación complementaria en todo aquello que es responsabilidad suya, es decir, de competencia autonómica.
La situación de la atención sanitaria a la población trans asturiana es un claro indicador de las consecuencias
de no tener una ley autonómica que aborde este tema. Asturias fue una de las primeras comunidades en contar con una unidad para atender a las personas trans, en 2007: la Unidad de Trastornos de Identidad de Género del Principado de Asturias. Esta Unidad no solo ha mantenido el escaso personal con el que contaba desde sus inicios (1 endocrinólogo, 1 psiquiatra y 2 psicólogas para toda la región, con dedicación no exclusiva), sino que incluso conserva la palabra ‘trastorno’ en sus iniciales, aún a pesar de la despatologización de la transexualidad como enfermedad mental llevada a cabo por la OMS hace ya cuatro años. Una evidencia más del escaso interés institucional que se demuestra en muchos más aspectos. No cuenta siquiera con un espacio propio, atendiendo solo durante media jornada a la semana, en una consulta de Pediatría, de prestado, sin señalización, en el Centro de Salud El Quirinal, en Avilés. En internet no se encuentra información oficial. En los centros de salud, es complicado. Los médicos de atención primaria y los pediatras a menudo ignoran lo que deben hacer. Eso sí, parece haber una directriz bajo la que las personas trans solo deben ser tratadas en el ‘gueto’ de la UTIGPA.
Una persona trans asturiana tiene difícil recibir la in- formación sanitaria veraz que necesita. En el mejor de los casos, tardará varios meses en recibir la fecha de la primera cita, porque hay que encajar además la limitada disponibilidad de personal, tiempo y espacio para toda Asturias. Y cuando una persona solicita una cita en la UTIGPA, suele llevar bastante tiempo decidiéndose a dar ese paso, antes de pedir atención médica y orientación para ajustar los cambios corporales que precisa. Una decisión difícil, no exenta de ansiedad y dificultades, que se ven agravadas por una deficiente atención sanitaria, que lleva a muchas personas trans asturianas a renunciar a la atención sanitaria pública si pueden permitirse la privada o, incluso, recurrir a la auto-hormonación sin el debido control médico, con el consiguiente riesgo para su salud.
Hace dos meses el gobierno asturiano presentaba un anteproyecto de ley elaborado a espaldas de las asociaciones LGTBI, en el que no se plantea ningún cambio relevante en el modelo de atención sanitaria (ni en prácti- camente nada) y que, por plazos de tramitación, está más fuera de la legislatura actual que dentro. Además, no se tienen en cuenta los precedentes legales de otras comunidades autonómicas.
Ante tal engendro, que no reconoce ningún derecho real para las personas trans que actualmente sufren discriminación institucional por parte del Principado de Asturias, que contra el criterio del colectivo sólo habla de «personas transexuales» sin definir a qué se refiere con ello, evitando usar el término «personas trans» pese a ser el empleado en todas las leyes que abordan este tema, y que huye de la palabra autodeterminación, que tiene miedo a nombrar lo no binario, a mencionar abiertamente la expresión y la identidad de género, que no se atreve a definir siquiera al sujeto de derechos al que se refiere, cabe preguntarse: ¿a qué o a quién tiene miedo el gobierno asturiano?
Pedro Zerolo decía que hay que ser valientes y no tener miedo a equivocarse. Cuando un gobierno es valiente y se arriesga a cambiar las cosas, suele acertar, y permite avanzar en derechos. El Gobierno del Principado ha que- dado en evidencia, su cobardía les ha vuelto inútiles para la ciudadanía, y su intento de redactar una ley esquivando fantasmas, sin escuchar a nadie más que a su miedo, resulta ridícula. Para el inseguro Gobierno del Principado, gobernar no está siendo hacerse cargo del bienestar de la población, sino intentar frenar la valentía de la sociedad asturiana. Les auguramos poco éxito, pero no podemos admitir el sufrimiento que esto produce cada día a las personas trans asturianas.
